Divendres 20 d'abril va tenir lloc a l’Ateneu de Cerdanyola un acte de presentació de la Iniciativa Penal Popular (IPP), impulsada per Dermpeus per la Salut Pública i un ampli ventall d’entitats entre les quals la Plataforma en Defensa de la Salut Pública Cerdanyola-Ripollet, que va organitzar l’acte, amb col·laboració de l'AcampadaCerdanyola. . Així ho explica l’Àngels al seu bloc, que va intervenir en nom de Dempeus per la Salut Pública: . El PP se quiere quedar con todo, pero la ciudadanía tiene la última palabra.
Ayer tarde estaba con Marta Carreras y Roger Bernat en el Ateneu de Cerdanyola, y muchas amigas y compañeros llenaban la sala y participaron en un interesantísimo debate.
Soraya Saez de Santamaria acompañada por el ministro Wert y la ministra Mato (la que no se da cuenta de que le aparecen Jaguars en su garage) habían repartido un par de horas antes prebendas y “austeridades”, fobias y filias en forma de regalos a los poderosos y más penurias para la mayoría, llegando a penalizaciones en sanidad para pensionistas y personas inmigradas… habían explicado cómo el gobierno del PP se está quedando con todo. Cómo siguen incumpliendo impertérritos todas sus promesas, pisando todo lo que habían calificado reiteradamente de “líneas rojas”, y cómo van a meter la mano en el bolsillo de estudiantes, profesores, jubilados y trabajadores para hacerles pagar más por sus tasas de matriculación y sus medicamentos al tiempo que “intensifica” la dedicación de los profesores no supliendo la mayoría de bajas y poniendo muchos más alumnos por aula.
Lo de las televisiones es también de juzgado de guardia.
TV3 puede acabar en manos del “conde” de Godó (La Vanguardia) como tantas otras televisiones autonómicas en manos de los más rapaces del lugar, mientras se rompen todos los consensos en RTVe. Casi podría verse a gatos y toros intereconómicos (y similares, más o menos disfrazados) aprestándose a dominar las antenas públicas por indigitación o mediante contrato. De momento el PP acaba con la pluralidad del Consejo de RTVe eliminando la profesionalización del propio Consejo y nombrando al director que su mayoría absoluta le permite, sobradamente.
Y a pesar de lo grave de todas las medidas, en Cerdanyola valorábamos con más atención los ataques a la sanidad, y la validez de todas las acciones de la ciudadanía para defender sus derechos, Iniciativa Penal popular incluida. Vean en la web de la
IPP todo lo que pueden hacer al respecto, y lean los puntos argumentales que condujeron a que más de 40 organizaciones (entre las que se encuentra la Plataforma de Defensa de la Sanidad de Cerdanyola que organizó el acto) sigan llamando a la acción, a la rendición de cuentas, y al empoderamiento ciudadano.
Recordamos aquí los 10 argumentos que sustentan la IPP:
“La salud es una manera de vivir autónoma, solidaria y feliz…” decían en 1976, un grupo de sabios en el X Congreso de Médicos y Biólogos de Lengua Catalana, celebrado en Perpignan. Esta afirmación da pie y voz, a nuestra lucha …
Las personas y organizaciones que nos hemos reunido en el Ateneu Roig, procedentes de toda Catalunya y presentes en muchas de las luchas ciudadanas y cívicas en defensa de la sanidad y la salud pública, nos comprometemos a emprender una Iniciativa Penal Popular que argumentamos y defendemos en base a los siguientes puntos:
1. – ¡Se quieren hacer ricos a costa de nuestra salud! Ponen el negocio por encima de la salud y la sanidad pública.
La crisis que comenzó en 2008 se ha convertido en la gran coartada de una estafa continuada contra la mayoría de la población, y es, de hecho, una ofensiva de la lucha de clases que está ganando una minoría privilegiada. El dinero procedente de nuestros impuestos que deberían garantizar los servicios públicos básicos, los derechos humanos y de ciudadanía, son arrebatados por el capital financiero, o invertidos en proyectos contrarios a los intereses de la población y al medio, o desviados por los corruptos hacia los paraísos fiscales. Las necesidades básicas de la población quedan desatendidas mientras se pervierte y privatiza la enseñanza y la salud públicas, y se deterioran o se frenan servicios sociales básicos en la lucha contra la pobreza y la exclusión social, como la RMI y las ayudas a la dependencia.
2. – Con tantas regresiones sociales nos harán perder la salud. Lo que llaman recortes son agresiones a los derechos de la ciudadanía en todos los ámbitos de la vida.
A los recortes y políticas de contención del gasto con la que quieren seguir manteniendo e incrementando una distribución de la renta favorable a los más poderosos, hay que sumar los costes sociales de la crisis financiera y de empleo, y los “planes de austeridad “que no son sino un fraude y un mecanismo perverso de incremento de la explotación y pérdida de derechos económicos y sociales, como el derecho al trabajo, la vivienda, la protección social.
El sufrimiento cotidiano de millones de familias que ven en peligro su supervivencia son ejemplos de los estragos aterradores de esta crisis. Los determinantes sociales de la salud encienden todas las señales de alerta mientras se producen cierres de los centros de atención y de prestaciones, y se cometen agresiones premeditadas y punibles contra la sanidad pública.
3. – Hay responsables políticos y empresariales, con nombres y apellidos, que deben dar la cara ante la ciudadanía y ante los Tribunales.
¿Quiénes son los responsables? Si los responsables económicos se esconden en el anonimato o en los nombres de grandes empresas, los responsables políticos deben dar la cara. Ya basta de esconderse detrás “los mercados”. Fueron elegidos para representar nuestros intereses, y ninguna votación masiva con juegos de mayorías relativas los excusa para cambios de fondo y sentido en los programas electorales, ni para ser complacientes con la corrupción, ni consentir retrocesos en el proceso civilizatorio que cuestan sufrimientos y vidas.
4. – Es necesario y legítimo que la inmensa mayoría nos defendamos. Las personas más frágiles y débiles son quienes pagan las peores consecuencias.
¿Quién se lleva la peor parte? En todo el mundo occidental, millones de familias han perdido su hogar o están en proceso de desahucio. Los sistemas de pensiones privadas de muchos países dejan a personas mayores en la pobreza, mientras desaparecen los ahorros familiares de los países más golpeados por la estafa de la crisis.
La tasa de paro ha llegado a España en el 22,85%, y la del paro juvenil supera el 49,6% de la población activa con edad inferior a los 25 años. La precariedad en el trabajo y la vida, las pérdidas de derechos laborales, la perversa contraposición de estos con los derechos de ciudadanía, los intentos de culpabilización múltiples sobre las personas -en especial las más desprotegidas: enfermos y enfermas crónicas, personas con discapacidades, inmigradas, mujeres, etc., nos lleva a calificar todos estos comportamiento como crímenes contra la humanidad que merecen una amplia y decidida Iniciativa Penal Popular contra los responsables políticos directos, en cada ocasión, de cada fechoría. ¡Nos han llevado a una sociedad gravemente enferma, y deben responder de sus actos!
5. – No son recortes. Son violaciones de los derechos humanos y sociales, y crímenes contra la humanidad. Son conscientes de que con sus decisiones están creando sufrimiento y enfermedad.
Según el Tribunal Penal Internacional, crimen contra la humanidad es “cualquier acto inhumano que cause graves sufrimientos o atente contra la salud mental o física de quien los sufre, cometido como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil”. Pues eso es lo que están haciendo los poderes económicos y políticos: crímenes contra la humanidad que hay que desenmascarar, investigar y obligar a que los culpables sean apartados de sus responsabilidades y rindan cuentas ante los pueblos y la justicia.
6. – Atacan la sanidad, atacan las condiciones de vida, atacan a las personas, atacan la sociedad y el país. Y lo hacen con impunidad y conscientes de sus actos.
La durísima política contra la sanidad pública del Gobierno de CiU está vaciando el contenido del Estado social, lesionando derechos fundamentales de la persona, y en concreto el derecho a la asistencia sanitaria, y trata a los pacientes y a los profesionales sanitarios como si de una mercancía se tratara. Mienten cuando afirman que no se verá afectada la calidad de la atención, cuando ya es escandalosa la pérdida de puestos de trabajo del sector y el aumento de las listas de espera.
El Gobierno de CiU ataca frontalmente el desiderátum del preámbulo constitucional que propugna “asegurar a todos una calida de vida digna” y vulnera de forma reiterada los derechos a la salud proclamados en los artículos 43 de la Constitución y 23 del Estatut de Catalunya. Ni la crisis ni el déficit pueden justificar la destrucción de este derecho sin el cual no es posible garantizar el respeto a la “dignidad humana” ni el “libre desarrollo de la personalidad”.
7. – Fuera corruptos y malhechores de nuestra sanidad pública. Hay desmantelar sus negocios sucios y sus tramas.
Cuando la política fundamentada sobre los derechos se sustituye por otra que los corrompe y los suplanta por el ansia de beneficio económico, aumenta la desigualdad social y se favorecen todo tipo de exclusiones, marginaciones y, en definitiva, la pobreza.
En Catalunya, las cifras de paro alcanzan ya las 750.000 personas, mientras se reducen los salarios y se concentra la renta y la riqueza en una fracción de la población muy pequeña que es la única gran beneficiada de esta crisis. Las expectativas de vida de la inmensa mayoría de la población disminuyen en relación directa al sufrimiento social y económico, a las privaciones que deben hacer frente en esta crisis que es, en definitiva, la gran estafa contra la inmensa mayoría de trabajadores y trabajadoras.
8. – Con nuestra salud no se juega. ¡Ni un paso atrás! Sanidad pública, universal equitativa, integral y de calidad, sin ningún nuevo co /Re/pago ni ticket moderador … ! Se trata de una conquista social histórica a la que nunca renunciaremos.
Los Derechos Humanos han evolucionado hasta incluir los derechos económicos, sociales y culturales. La Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos de la ONU. celebrada en Viena en 1993, determinó que: “Todos los derechos son universales, individuales e interdependientes y están relacionados entre sí. La comunidad internacional debe tratar los derechos humanos en forma global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo peso”.
También la Constitución española establece que se debe garantizar que la libertad e igualdad sean “reales y efectivas” (art. 9.2), y podemos afirmar que los poderes públicos no sólo no pueden empeorar los niveles de satisfacción de los derechos sociales, sino que deben actuar avanzando hacia cotas más altas de prestaciones. Es lo que se conoce como principio de no regresividad o, mejor, de progresividad, reconocido a escala internacional.
9. – El Gobierno agrede nuestros derechos, incumple las leyes y vulnera la dignidad humana. Tenemos muchos argumentos para denunciar las consecuencias funestas de su política.
Nuestra Iniciativa Penal Popular, pues, debe basarse en todos los fundamentos jurídicos y debe tomar y adoptar todas las facetas y acciones que sean necesarias para hacer prevalecer el derecho a la salud. Se basa en múltiples denuncias, a todos los niveles, a los poderes políticos porque con sus medidas (entre las que se incluye la aprobación de unos Presupuestos insuficientes para cubrir las necesidades básicas de la población) atentan al derecho básico a la dignidad humana y vulneran de forma reiterada el derecho a la salud.
10. – Queremos que la justicia se pronuncie también ante la gravedad de estos hechos.
La violación por los poderes públicos de este derecho, en la medida que constituye como derecho propio de la ciudadanía un derecho cívico, obliga a plantear la posibilidad de que las decisiones políticas de gravísimas restricciones sanitarias no sólo sean un abuso de poder, sino que tengan relevancia penal que se puede perseguir ante los tribunales por parte e los perjudicados y la fiscalía, de oficio en base al art. 542 del Código Penal que castiga las autoridades y funcionarios públicos que “impiden” a los ciudadanos “el ejercicio de derechos cívicos”, en un precepto que contempla de forma genérica la violación de derechos innominados que, por su trascendencia personal y social, merecen una protección más intensa como es la penal.
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